El problema del notariado mexiquense ya no puede reducirse a una disputa interna ni a un simple conflicto de grupos. El fondo es mucho más delicado: concentración de poder, opacidad y control institucional.

Cuando un mismo grupo busca conservar, desde hace más de 20 años, el control del Colegio de Notarios del Estado de México —entre ellos figuras como José Antonio Reyes Duarte, Notario Público No. 29; Jorge Ramos Campirán, Notario número 125; y Juan Castañeda Salinas, expresidente del CNEM— y, al mismo tiempo, aparecen señalamientos y documentos que apuntan a posibles redes de proveeduría, conflictos de interés, recursos pendientes de comprobar, irregularidades en el Archivo General de Notarías y presuntos vínculos con operaciones inmobiliarias cuestionadas, las preguntas dejan de ser incómodas para convertirse en inevitables:

¿Se está consolidando un “cártel inmobiliario” en el Estado de México? ¿Quién vigila al Colegio? ¿Quién revisa sus cuentas? ¿Y con qué mecanismos reales el Gobierno del Estado de México supervisa la rendición de cuentas de una institución que tiene una función pública tan sensible como la fe notarial?

Los despojos de inmuebles en el Estado de México tampoco pueden despacharse como un rumor. Municipios como Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Naucalpan, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec y Huixquilucan, entre otros, han aparecido en investigaciones, denuncias y actuaciones de autoridades relacionadas con conflictos y despojos inmobiliarios.
Y aquí surge una pregunta que resulta imposible ignorar:

¿El llamado Operativo Restitución es realmente un mecanismo para devolver propiedades a sus legítimos propietarios o existe el riesgo de que sea utilizado, en determinados casos, como una vía para legitimar operaciones inmobiliarias irregulares y generar ganancias millonarias?

Es una pregunta que exige respuestas documentales, no discursos.

Es importante señalar que, de acuerdo con la hipótesis que se ha planteado, la maquinaria institucional y notarial podría operar mediante el manejo irregular de folios, protocolos y registros notariales, creando las condiciones para consolidar un determinado modus operandi.

La hipótesis es inquietante: detectar propiedades abandonadas, inmuebles con años de adeudos catastrales o predios cuyos propietarios se encuentran ausentes; posteriormente promover procedimientos como restitución, usucapión u otras vías legales; obtener el control jurídico del inmueble; escriturarlo y finalmente colocarlo en el mercado.

Si este mecanismo existe, la pregunta ya no sería quién perdió una propiedad, sino quién terminó beneficiándose de ella y qué instituciones hicieron posible la operación.

En este orden de ideas, la elección del próximo 26 de noviembre de 2026 para definir la presidencia del CNEM adquiere una dimensión que rebasa por mucho una elección gremial.

Para el grupo de poder que ha mantenido influencia durante al menos dos décadas, esta elección podría representar la posibilidad de conservar el control de un aparato sectorial estratégico, con una historia de acercamientos a grupos políticos del PRI y del PAN.
Y es precisamente por ello que la contienda cobra especial relevancia.

Para el nuevo periodo aparecen dos nombres señalados como posibles alfiles de esta disputa por el control: Ana Lilia Janeth Porras Figueroa y Aída Aíxa Chávez Magallanes.

Porras Figueroa ha sido señalada por su relación personal con Jorge Ramos Campirán y por presuntos beneficios derivados de operaciones realizadas desde su notaría en favor de negocios relacionados con el CNEM. Estos señalamientos requieren ser confrontados con documentos, contratos, operaciones y registros que permitan confirmar o descartar cualquier posible conflicto de interés.

Por su parte, Chávez Magallanes ha sido vinculada públicamente con sectores del panismo y con personajes como Luis Felipe Bravo Mena, además de señalamientos que pretenden relacionarla con intereses inmobiliarios de la Ciudad de México. La dimensión y veracidad de esas relaciones también deben ser aclaradas documentalmente.
No se trata de convertir hipótesis en sentencias.

Se trata de exigir que las cabezas del Colegio —quienes hoy lo dirigen y quienes aspiran a seguir dirigiéndolo— respondan públicamente sobre tres puntos concretos:

¿Cómo se auditan y transparentan los recursos y la proveeduría del Colegio y del Instituto de Estudios Notariales?
¿Qué empresas y personas físicas han sido proveedoras del CNEM y del Instituto de Estudios Notariales durante los últimos años, cuánto se les ha pagado y quién autorizó esas contrataciones?

¿Qué mecanismos internos existen para investigar y sancionar irregularidades notariales cuando son señaladas, sin que esos procesos terminen convertidos en armas de facciones para proteger a unos y perseguir a otros?

Mientras esas respuestas no existan de manera pública, verificable y documental, crecerá inevitablemente la percepción de que el Colegio opera como un espacio de poder cerrado, concentrado en unas cuantas personas y con capacidad de influir en instituciones gubernamentales vinculadas administrativa, técnica, jurídica y económicamente con el ámbito notarial.
Y ahí aparece la expresión que más incomoda al gremio:

¿Se convirtió el CNEM en una “caja registradora”?
El paralelismo con lo ocurrido en otras instituciones públicas no es gratuito. Cuando un órgano que debería garantizar imparcialidad termina siendo percibido como un espacio donde unos cuantos grupos deciden candidaturas, sucesiones, contratos y reglas internas, la discusión deja de ser gremial y se convierte en un problema de gobernanza institucional.
El notariado tiene una función pública.

Quienes lo encabezan no pueden reclamar confianza ciega mientras persisten interrogantes alrededor de los despojos inmobiliarios, la transparencia de los recursos, la proveeduría, el funcionamiento de los archivos y las luchas internas por el control.

Cuestionar a las cabezas del Colegio no constituye, por sí mismo, un ataque personal.
Es una exigencia mínima de rendición de cuentas en un gremio que ejerce fe pública y que opera en uno de los estados con algunos de los mayores conflictos inmobiliarios del país.

Y aquí está el verdadero dilema que enfrenta el notariado mexiquense:

¿El 26 de noviembre se elegirá simplemente a una nueva presidenta del Colegio de Notarios del Estado de México o se decidirá quién tendrá el control de una estructura de poder construida durante más de dos décadas?

Porque si el Colegio no es capaz de investigar, transparentar y explicar sus propias decisiones sin convertirlas en “bombas de tiempo”, entonces el problema ya no está únicamente en las hipótesis que circulan dentro y fuera del gremio.

El verdadero problema está en saber quién tiene el poder para decidir qué se investiga, qué se revela y —sobre todo— qué se silencia.